Giro en la ‘Operación Deluxe’: la Policía consintió la filtración de datos a ‘Sálvame’

De abril a octubre de 2018 la Policía toleró como un agente filtraba información confidencial a colaboradores de 'Sálvame'.

Los colaboradores de 'Sálvame' en el plató del programa.
Los colaboradores de 'Sálvame' en el plató del programa. | Mediaset

Nuevas informaciones sobre la ‘Operación Deluxe‘, en la que están involucrados colaboradores y directores de ‘Sálvame‘. La Policía Nacional «observó, toleró y consintió» durante seis meses la filtración de información confidencial al programa de las tardes de Telecinco. Este nuevo giro en la invetigación que la defensa de los imputados utiliza para pedir el sobreseimiento del caso, según adelanta The Objective.

Después de que se diera a conocer que el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid encargado de este caso haya descartado el delito de cohecho del que se acusaba a ‘Sálvame’ por falta de pruebas, el citado medio da a conocer que fue la propia Policía Nacional quien consintió la filtración de información confidencial.

Fue el pasado mes de abril de 2018 cuando la Unidad de Asuntos internos de la Policía Nacional elaboraba un primer informe con indicios que concluían que un agente estaría accediendo a las bases de datos para filtrar información de famosos. Entonces, según consta en el sumario del caso, se habría pinchado su teléfono móvil para recabar más información.

Las pesquisas durarían hasta octubre de 2018. De esta manera, nos encontramos con seis meses en los que la Policía Nacional trabajó para constatar que existieron casi una decena de casos en los que el agente se reunió con colaboradores de ‘Sálvame’ para aportarles información. No a cambio de dinero, dado que el delito de cohecho ha quedado descartado tras no tener pruebas que así lo concluyan.

Aunque la investigación sobre el agente y el equipo de ‘Sálvame’ empiezan en abril de 2018, es en mayo cuando se empezaron a acreditar encuentros entre el policía y miembros del equipo del programa. «Llegarían a enumerar casi una decena de casos hasta octubre, sin que la Fiscalía o el juez ordenasen hasta entonces ninguna medida para frenar la presunta revelación de secretos. Ni siquiera limitar el acceso del agente investigado a las bases de datos», explica el citado medio.

En junio de 2018 ya quedaría acreditada hasta en tres ocasiones la revelación de secretos investigada. Sin embargo, la Policía, el juez y la Fiscalía mantuvieron la investigación. Decidieron no impedirlo ni tomar ninguna acción mientras veían cómo los investigados seguían cometiendo el mismo presunto delito de revelación de secretos.

No fue hasta el 3 de octubre de 2018 cuando el juez de la ‘Operación Deluxe’ dio la orden de registrar el domicilio del agente así como el del colaborador Gustavo González. A pesar de las pruebas obtenidas durante estos 6 meses que demostrarían la relación del policía con los colaboradores, se mantuvo la investigación sin actuación alguna y con el aval de la Fiscalía.

Los colaboradores y directivos de ‘Sálvame’ piden el sobreseimiento

El abogado de los trabajadores de ‘Sálvame’ acusados de revelación de secretos, en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, tacha de «incomprensible, pintoresco y con un claro sesgo» el proceder de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

«Se citó como investigados a mis defendidos por unos hechos que en el fondo han sido consentidos y tolerados, tanto por los agentes policiales que han llevado a cabo la investigación, como por ese Tribunal y el Ministerio Fiscal que ha monitorizado y seguido toda la investigación», manifiesta el abogado del equipo de ‘Sálvame’.

En el escrito presentado al juez que investiga la ‘Operación Deluxe’, insiste en que el delito al que se acusa a sus defendidos «habría sido tolerado por los propios responsables de la investigación, quienes pudiendo neutralizarla, tal y como a continuación se explica, nada habrían hecho, permitiendo su consumación». Y señala la inacción de la justicia ante la mala praxis del agente: «Se le ha permitido que continúe realizando consultas que luego los propios agentes policiales han considerado que podían constituir un delito de descubrimiento de secretos».

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