Enésimo giro en el caso Carlota Prado tras la dimisión de su abogado a escasos días del juicio

Santiago Marín, el abogado de Carlota Prado presentó su dimisión la semana pasada y renunció a defender a la joven en el juicio por presuntos abusos sexuales en ‘Gran Hermano’.

Parece el día de la marmota. Han pasado cinco años desde que se emitió ‘Gran Hermano Revolution’ y el caso Carlota Prado parece no avanzar. Hace unos días se desvelaba que el informe forense revelaba que la joven estaba preparada para declarar. Pero ahora según avanza 20 minutos, Carlota se ha quedado sin abogado después de que el letrado Santiago Marín renunciara a su defensa.

El citado medio explica que la renuncia del abogado se produjo precisamente la semana pasada cuando los médicos forenses determinaron que Carlota Prado estaba en condiciones de poder declarar en el juicio. Cabe recordar que la fecha fijada para dicho juicio son el 3 y 8 de noviembre. Todo después de tener que ser aplazado en febrero por petición del propio Marín alegando que su cliente tenía problemas psiquiátricos.

Como recoge 20 minutos, los motivos de la renuncia de Santiago Marín no pueden ser revelados para proteger el secreto profesional. Con esta dimisión de su letrado, Carlota Prado deberá buscar in extremis un nuevo abogado o aceptar que se le asigne uno de oficio.

Marín quería invalidar el proceso

Por otro lado, cabe decir que la intención de Santiago Marín pasaba por invalidar el proceso judicial e iniciar una nueva instrucción; pues querían elevar el presunto delito por el que se juzga a José María de abuso sexual a violación con penetración. «Aquí se está juzgando un abuso sexual sin penetración por un error de procedimiento en la instrucción. Hay indicios serios, por las imágenes grabadas, de que hay penetración», declaró el letrado hace meses.

De mantenerse la actual instrucción por supuestos abusos sexuales, la Fiscalía pide una pena de dos años y medio de cárcel contra el acusado, más 6.000 euros de indemnización. Una cantidad económica también reclamada a la productora de ‘Gran Hermano’, Zeppelin TV. En cambio, si el caso se inhibiera y el delito juzgado fuera finalmente el de «penetración», la pena ascendería a entre cuatro y diez años de cárcel y la indemnización solicitada sería mucho mayor.