La gran polémica de la CNMC: ¿no defiende a los pequeños operadores?

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto una multa histórica a Atresmedia y Mediaset.

La noticia saltaba hace unos días. La CNMC ha impuesto una sanción histórica de 77,1 millones de euros a Atresmedia y Mediaset. En el caso de Mediaset la multa es de 38,9 millones mientras que en el caso de Atresmedia es de 38,2. La sanción del organismo regulador también obliga a ambas a modificar su estrategia comercial antes de tres meses sino quieren volver a ser multadas.

En su comunicado, la CNMC remarcaba que Mediaset y Atresmedia han desarrollado políticas comerciales en la venta de la publicidad televisiva cuyo resultado ha sido concentrar en sus canales una cuota conjunta que supera el 85% de todo el mercado. Y por este motivo, según la Comisión limitan la capacidad del resto de canales de televisión para captar ingresos por publicidad.

¿Pero es cierto que con esta multa la CNMC está intentando proteger a los pequeños operadores en favor de los dos grandes gigantes de la televisión? Hay motivos para cuestionárselo.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el mercado ha cambiado y ya no es el mismo que hace años. Ahora hay muchos operadores de televisión y son muchas las multinacionales que han dado su salto a España con grandes productos y por ello se debe intentar tratar a todos por igual.

En este sentido, Mediaset y Atresmedia están completamente controlados por la Comisión, ¿pero y el resto de operadores lo están también o tienen más manga ancha para poder gestionar la publicidad como ellos quieren sin rendir cuentas a nadie?

Y es que la CNMC estaría protegiendo a dichos pequeños operadores si estos emitieran a través de sus propias frecuencias pero en realidad nos encontramos con que canales como DKISS tienen alquilada su frecuencia a Discovery así como Paramount Channel y Disney Channel lo tienen a Vocento.

Es por ello, por lo que la CNMC en realidad lo que estaría haciendo es defender la actividad de las multinacionales extranjeras, que cabe recordar que en muchos casos no tienen apenas trabajadores en España; y a su vez poniendo en aprietos a las grandes compañías audiovisuales españolas imponiendo multas millonarias que podrían suponerle grandes problemas en sus arcas.